La aprobación del plan de reestructuración de la deuda de Puerto Rico por la jueza Laura Taylor Swain, y la paulatina merma en los niveles de contagio, hospitalizaciones y fallecimientos por COVID-19, apuntan a una mejoría en la situación económica de la isla y al freno a su progresiva caída durante cerca ya de 15 años.
La quiebra municipal más grande en la historia de Estados Unidos estuvo precedida por la sangría de tener que destinarse 25 centavos de cada dólar en impuestos, ahora 7.2 centavos, al pago de deuda gubernamental. La billonaria aportación por la Administración Biden de fondos de recuperación económica, asistencia para pago de renta, mejoras a la infraestructura, ayuda a pequeños negocios y familias afectadas por el COVID-19, entre otros, han permitido que nos encaminemos a regresar a niveles de prosperidad de tiempos pasados, únicos en el Caribe, Sur América y Asia.
Regresar a los tiempos en que Puerto Rico era el lugar de vida de nuestros hijos, hermanos y amigos, no el sitio de añoranzas de los cerca de 500,000 habitantes que migraron en las últimas dos décadas es una meta alcanzable.
Como arquitecta y gerente de construcción con cerca de 25 años de experiencia, conozco de primera mano la preparación y capacidad de los obreros, arquitectos, ingenieros, electricistas, plomeros, albañiles que han aportado al diseño y construcción de edificaciones de primera calidad por toda la isla. Estos no son los responsables por las construcciones informales al margen de códigos y permisos que los medios y activistas ubican en nuestras costas para justificar moratorias y retiros costeros. La insistencia en mantener modelos y visiones de gobernanza, y en promover las pugnas y soluciones populistas, responsables de llevar al país a la quiebra y a la mediocridad en el manejo de la cosa pública, amenazan, una vez termine la bonanza de fondos federales, en dejar al país igual o peor que antes, sin los niveles y la calidad de empleos, ingresos recurrentes y actividad económica que separan la prosperidad de la pobreza.
El activismo reciente del llamado movimiento de rescate de playas, y propuestas moratorias a la construcción costera, en unión a la imparable debacle en el sistema de permisos para la operación de negocios y ejecución de actividades de construcción, representan las dos amenazas más serías a la antesala hacia la prosperidad en que nos encontramos.
Como pequeña isla caribeña, con una cordillera central montañosa, en donde solo el 34% de la costa de la isla es lo que está impactado (14% con infraestructura pública, 14% residencias unifamiliares y solo el 6% de desarrollo formal); la franja de 1,000 metros alrededor de Puerto Rico, conocida como la Zona Costanera, es el lugar de mayor concentración poblacional y actividad económica. La belleza de nuestras costas, hacen de esta y, en especial sus playas, un lugar, como se observa en otros países caribeños, de potencial turístico y recreacional único. La República Dominicana, las Islas Vírgenes y otras islas caribeñas – nuestras competencias más inmediatas en la búsqueda de la prosperidad, diseñan y construyen instalaciones residenciales, hoteleras y recreativas resilientes, claramente enmarcadas en su entorno, donde la conservación y ampliación de los atributos naturales y calidad de sus aguas son elementos intrínsecos al diseño, construcción y operación.
Nuestros más preciados tesoros son nuestra tierra y nuestra gente. Tenemos que proteger nuestras costas velando a su vez por un desarrollo responsable que vaya a la par con las reglamentaciones establecidas y que redunde en una mejor calidad de vida de nuestra gente. No podemos abandonar el camino de la prosperidad económica ni enajenarnos atendiendo conflictos que a nada conducen y solo desenfocan la visión que todos debemos tener: un mejor Puerto Rico del cual todos podamos sentirnos orgullosos de habitar. Esa es nuestra responsabilidad.
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