Por décadas, Puerto Rico ha vivido bajo una paradoja silenciosa: una percepción de exceso de vivienda conviviendo con una realidad de escasez para quienes más la necesitan. Hoy, ante una población que envejece, una clase media que emigra y una juventud sin espacio para echar raíces, la Asociación de Constructores de Puerto Rico (ACPR) levanta su voz con una propuesta concreta: una fórmula para garantizar el acceso justo a la vivienda y, con ello, recuperar el futuro de la isla.
“La situación no es solo técnica, es humana. Hablamos de familias trabajadoras, profesionales, jóvenes que quieren quedarse en la Isla o regresar a su tierra, y adultos mayores que no encuentran un hogar adecuado. Esta es una realidad que nos toca a todos”, afirmó Agustín Rojo Montilla, presidente de la ACPR.
Parte del problema, según los expertos de la industria, comienza por una lectura equivocada de la realidad. “Existe la percepción de que en Puerto Rico hay demasiadas viviendas, porque vemos estructuras vacías, propiedades en plataformas de alquileres a corto plazo como Airbnb (que según los datos disponibles, son apenas 22,000 unidades en toda la Isla), casas de vacaciones o ‘second homes’. Pero eso no significa que haya vivienda disponible, ni mucho menos asequible”, explica Vanessa de Mari-Monserrate, vicepresidenta ejecutiva de la desarrolladora Interlink y pasada presidenta de la ACPR.
Por otro lado, se estima que en la Isla hay entre 1.2 a 1.3 millones de viviendas. De esa cantidad, el 60% es vivienda informal o vivienda ilegal; vivienda que no cumple con códigos o que está construida en zonas inundables o de alto riesgo. Para abonar a esta crisis, los datos indican que del 40% de las viviendas existentes, más de la mitad tiene sobre 45 años de construida, lo que significa que es vivienda que se va poniendo obsoleta con el tiempo. “Debemos aspirar, como sociedad, a seguir reemplazando esa vivienda”, dice Rojo.
Esa distorsión estadística, alimentada por cálculos que no distinguen entre viviendas principales, propiedades de inversión o estructuras abandonadas, oculta una verdad incómoda: la mayoría de las viviendas nuevas en la isla responden a dos extremos del espectro socioeconómico. “Se construye ya sea vivienda subsidiada para poblaciones de bajos ingresos, o vivienda de lujo para inversionistas o compradores de alto poder adquisitivo. Pero, en gran parte por las decisiones erradas de política pública en las pasadas tres décadas, la clase media está quedando huérfana de oferta de vivienda”, puntualiza de Mari.
Se estima que para satisfacer la necesidad de viviendas hay que construir entre 4,000 a 4,500 viviendas anualmente. Aún con el tema de la población decreciente, hace falta esta vivienda por la creación de familias producto de matrimonios, de divorcios y jóvenes profesionales en busca de dar un paso adelante.
La ACPR ha definido con claridad su diagnóstico: el gran ausente es lo que se conoce en la industria como el “missing middle”: jóvenes profesionales, parejas con hijos, trabajadores formales con ingresos modestos pero estables. Todos comparten el mismo dilema: cuando tienen la intención de quedarse o regresar a Puerto Rico, no encuentran una vivienda que ofrezca la calidad de vida que buscan y que puedan pagar. “Tenemos listas de espera en nuestros proyectos desde antes de comenzar la construcción. Familias listas para comprar, con recursos, pero sin opciones. Eso, para nosotros como desarrolladores, es una señal clara de que hay más demanda de lo que hay oferta y que el sistema no está cubriendo esta necesidad social”, explicó Rojo.
Para la década del 2010, cuando la Isla sufría los efectos de una recesión, se construían entre 4,000 a 4,500 viviendas al año. Esto contrasta con la situación de los pasados años, cuando, según datos de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), apenas se construyeron aproximadamente 700 viviendas al año, en todos los renglones de precios. Esta disminución drástica refleja un retroceso en la actividad del sector, además de una desconexión peligrosa entre la planificación pública y las verdaderas necesidades de vivienda en la isla.
Hoy, la proyección para el 2030 apunta a un número aún menor, lo que resulta alarmante considerando que la demanda no ha disminuido, sino que se ha transformado. Familias jóvenes, profesionales de la diáspora y adultos mayores continúan buscando alternativas habitacionales, pero el inventario nuevo no existe o no es accesible. Esta contracción en la actividad constructiva residencial representa un desafío estructural que impacta la movilidad social, el desarrollo económico y la estabilidad familiar, convirtiéndose en uno de los factores más críticos en la crisis de asequibilidad que enfrentamos.
Construir hoy en Puerto Rico es una tarea titánica. Al reto de los altos costos globales se suman barreras locales que hacen inviable desarrollar vivienda para la clase media. “El 30% del costo de una vivienda proviene de impuestos, arbitrios, cargas municipales o costos burocráticos impuestos por el gobierno. Eso hace que el producto final sea inaccesible para el consumidor promedio”, detalla de Mari. En el caso particular de los municipios, los impuestos municipales pueden llegar al 10%, impuestos que hay que pagar antes de comenzar el proyecto para poder recibir el permiso de construcción.
La lista de retos es amplia:procesos de permisos engorrosos; un Plan de Uso de Terrenos que clasifica más del 84% del suelo como no urbanizable, la falta de inversión en infraestructura básica como agua, electricidad y acceso vial. Además, a los desarrolladores se les exige incluir amenidades como parques, aceras, áreas verdes y otros elementos comunitarios, sin recibir ningún tipo de subsidio o asistencia para costearlos.
“No es que el sector privado no quiera construir. Es que se nos hace cada vez más difícil hacerlo a precios razonables para el mercado local por decisiones erradas de política pública que se han tomado en el pasado y que hoy nos
pasan factura”, enfatizó Rojo dando
como ejemplo los puntos antes mencionados.
La crisis de vivienda no distingue edad. Los adultos mayores, un sector poblacional considerable y que sigue en aumento, también enfrentan un callejón sin salida. Muchos desean vender sus casas, ya demasiado grandes o difíciles de mantener, y mudarse a espacios más cómodos y accesibles. Pero el mercado no les ofrece opciones adecuadas en términos de ubicación, precio o diseño. “Se quedan en sus casas, no porque quieran, sino porque no tienen a dónde ir. Y eso también reduce el inventario disponible para nuevas familias”, señala de Mari.
Esta falta de opciones habitacionales apropiadas para la población envejeciente representa un problema de bienestar y se convierte en un obstáculo estructural para la circulación de la vivienda en Puerto Rico. Muchas de estas casas que los adultos mayores desean dejar podrían convertirse en hogares ideales para nuevas familias o jóvenes profesionales, si existiera un mercado más dinámico y accesible. Además, envejecer en un entorno no adaptado puede comprometer la salud, la seguridad y la independencia de estas personas.
La ACPR reconoce esta necesidad urgente y aboga por soluciones específicas que incluyan modelos de vivienda asistida, comunidades intergeneracionales y proyectos accesibles que integren servicios esenciales. Invertir en vivienda para adultos mayores atiende una necesidad social crítica y también representa una estrategia clave para aliviar la presión existente sobre el mercado general de vivienda. Al ofrecer alternativas adecuadas para esta población, se libera inventario para nuevas generaciones, se promueve una circulación más saludable del ecosistema residencial y se estimula la creación de comunidades más inclusivas, equilibradas y humanas.
Ante este panorama, la ACPR propone una hoja de ruta clara, articulada en seis ejes de acción:
“No buscamos señalar culpables, sino construir soluciones. Como sector, nos estamos uniendo, educando y alzando la voz. Queremos trabajar con el gobierno, no contra él”, afirmó de Mari.
Ese esfuerzo se traduce en un diálogo constante y activo con la Rama Ejecutiva y Legislativa, en propuestas concretas, y en una visión compartida con otros sectores empresariales y profesionales del país. La ACPR participa de forma comprometida en estos espacios de colaboración multisectorial, y continuará haciéndolo como parte esencial de su misión de promover un desarrollo sostenible y equitativo para Puerto Rico.
“Sí, hay esperanza. Estamos viendo mayor interés en el tema, más colaboración entre partes interesadas y un sentido de urgencia. Puerto Rico merece un ecosistema de construcción de vivienda justo, sostenible y moderno. La Asociación está comprometida con eso, y hacemos un llamado a que más personas y organizaciones se sumen al esfuerzo”, concluyó Rojo.
