Puerto Rico ha experimentado los efectos de desastres naturales a través de su historia. La diversidad, magnitud y frecuencia de los mismos ha ido en aumento desde la década de los 1980. En combinación con la quiebra gubernamental en el 2016, los últimos cinco años han evidenciado la necesidad de tener la voluntad de implantar las lecciones aprendidas y acciones para minimizar daños, logrando una recuperación más efectiva.
Desde el paso por Puerto Rico del huracán Hugo en 1989, que fue el primero en casi 40 años, hemos visto daños similares. Por un lado, vemos cómo el sector más impactado es el de vivienda; 30 mil desplazados en 1989, 28 mil en 1998 con el huracán Georges, 35 mil en el 2017 con el huracán María y 3,500 por el terremoto de enero de 2020. Suman sobre 80% de los daños sufridos. Las causas son variadas: construcción sin cumplir con reglamentos, viviendas en lugares susceptibles a inundaciones o deslizamientos. La falta de acceso a vivienda segura y planificada es palpable.
El resto de la infraestructura no se queda atrás. Las fallas del sistema de energía eléctrica son ampliamente conocidas con sus efectos en otros sectores. Tenemos una infraestructura deteriorada. De hecho, la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles la ha calificado con D-, con el sistema energético obteniendo F. Estimaron la necesidad de invertir en un programa de diez años entre 13 y 23 mil millones de dólares para modernizarla.
Los costos naturalmente han ido en aumento. Desde mil millones de dólares por el huracán Hugo hasta 71 mil millones por el huracán María. Este aumento vertiginoso sigue una tendencia a nivel nacional. El gobierno federal gastó en los años fiscales 2011 a 2013 $138 mil millones en respuesta a desastres naturales. Este es un aumento de cinco veces de los dólares federales gastados en recuperación de desastres desde 1980 hasta 2012. Solo para Puerto Rico, los fondos federales asignados para desastres en los últimos cinco años aproximan $79.7 mil millones.
Las recomendaciones han sido puntuales y repetitivas. Hay que lograr cumplir con los códigos. Después de todo, su propósito es salvar vidas. Es necesario un programa de cumplimiento robusto basado en la educación de la comunidad en general y de nuestros profesionales. Además, hay que establecer clínicas para que los más vulnerables tengan acceso servicios especializados de arquitectura o ingeniería.
Por otro lado, reconstruir un sistema de energía eléctrica lo más robusto posible y que pueda restablecerse rápidamente luego de un desastre natural. Esto no solamente es necesario para nuestro desarrollo económico sino para salvaguardar vidas. Los demás sectores dependen de la energía, incluso las telecomunicaciones, el acceso a agua potable y su tratamiento luego de usadas.
La falta de implantación de las medidas recomendadas en el pasado para estar mejor preparados ante amenazas de desastre ha demostrado históricamente una falta de voluntad o falta de los recursos necesarios para completar estas acciones.
De la misma manera, no podemos cometer el error de pensar que los fondos federales serán nuestro desarrollo económico. Hay que apalancarlos. Necesitamos implantar reformas estructurales muy necesarias. Estas incluyen una verdadera revisión de permisos que agilice el proceso y concentre los esfuerzos en las actividades que realmente lo requieren. Además, una estructura fiscal que tenga sentido en nuestra sociedad e incentive la actividad económica, la innovación y asegure que tenemos suficiente inventario en caso de que un evento interrumpa nuestras cadenas de suministro.
No se puede subestimar la necesidad de las acciones que prepararán a Puerto Rico para el próximo desastre. Como hemos visto en los últimos cinco años, los desastres pueden ocurrir en cualquier momento y en diferentes formas (huracanes, terremotos, pandemias, incendios, guerras, entre otros). Debido al cambio climático, se puede esperar que las ocurrencias sean más frecuentes y costosas. Necesitamos repensar nuestra preparación, implementar soluciones que nos posicionen mejor para el próximo.
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