¿Dónde están las viviendas asequibles en Puerto Rico?

¿Dónde están las viviendas asequibles en Puerto Rico?

Arq. Vanessa de Mari Monserrate, AIA
July 7, 2022

A casi cinco años de los huracanes Irma y María, ¿dónde están las viviendas dignas, seguras y asequibles para las familias de ingresos bajos en Puerto Rico? Los huracanes del 2017 y luego, los terremotos del 2020, destaparon la realidad que la Asociación de Constructores de Puerto Rico venía reclamando por años: la construcción informal que existe en la isla.  El 55% de los hogares en Puerto Rico son construcciones informales, sin planos de construcción diseñados por profesionales licenciados, sin cumplir con los códigos de construcción vigentes y sin seguir el debido proceso de permisos.

Esta realidad despertó una gran inquietud en la población por adquirir una vivienda asequible digna y segura, en desarrollos programados, en un Puerto Rico que no contaba con el inventario adecuado para llenar esa demanda. Antes del 2017, la construcción de vivienda de interés social, al igual que el desarrollo de viviendas formales en general, estaba en descenso. No debemos olvidar el impacto del cierre del gobierno en el 2006, el cierre de los bancos en el 2010 y la recesión por la que estábamos pasando. Todo esto afectó la industria de la construcción y por consiguiente, el desarrollo de viviendas en la isla.

Recientemente hemos visto cómo se ha reducido el inventario de viviendas que existía en la isla hasta el punto que ahora es más la demanda que la oferta en todos los renglones. La incertidumbre en los aumentos de los costos de construcción ha afectado dramáticamente la nueva construcción de viviendas para las familias más vulnerables. Hoy por hoy, el costo de desarrollo de una vivienda de interés social es más alto que el precio de venta máximo vigente, establecido por la Ley 47 de 1987, según enmendada. Todos hemos visto cómo el costo de materiales ha subido, la falta de mano de obra, los aumentos al salario mínimo y ahora, el impacto de la recién aprobada Reforma Laboral, que ha abonado al incremento de dichos costos.

A esto se le suma el impacto del aumento en costo del petróleo a causa de la guerra en Ucrania.  Este aumento afecta tanto el costo de transportación marítima como terrestre de materiales, el costo de la manufactura de elementos de construcción, además del costo de la maquinaria en el movimiento de tierra en un proyecto nuevo.

Estos son costos que no podemos controlar, los controla el mercado. No obstante, el desarrollo de vivienda formal tiene unos costos que el gobierno sí pudiese controlar. Si queremos fomentar el desarrollo de vivienda asequible, el gobierno debe reducir los costos de arbitrios, patentes, permisos e impuesto al inventario, entre otros.

Son muchos los esfuerzos de la Asociación de Constructores para buscar alternativas para lograr el desarrollo de la vivienda asequible que tanta falta hace en Puerto Rico. Aunque sea casi el 75% del problema, la conversación no se puede limitar solo al alza en los costos de construcción. Tenemos que ayudar a que nuestras familias trabajadoras cualifiquen para la compra de estas viviendas a un precio más alto. Tenemos que continuar trabajando para aumentar los “income limits” y que el impacto del alza del mínimo salarial sea positivo, ya que de nada vale que se ganen más dinero por hora, si el límite de ingreso se mantiene igual.

Por otro lado, en los últimos años han existido en Puerto Rico programas estatales para ayudar al comprador con los gastos de cierre: “La llave para tu hogar”, Mi Casa Propia, Ley de Estímulo al Mercado de Propiedades Inmuebles y el más reciente Impulso a la Vivienda (Ley 169). En estos momentos históricos, con los costos de construcción subiendo desmesuradamente y el aumento en los intereses hipotecarios, es clave que el gobierno continúe apoyando a la clase trabajadora a adquirir su nuevo hogar. No es el momento para trastocar programas que han ayudado por años a los de aquí a obtener su hogar propio. Limitar el precio de venta y reducir el término de los beneficios bajo la Antigua Ley 169 va en contra de la política pública de fomentar el desarrollo de vivienda digna, segura y asequible para nuestra clase trabajadora.

Le corresponde a la Asamblea Legislativa y al gobernador tomar pasos urgentes para corregir esto y darle continuidad a la legislación que es esencial para propiciar la adquisición de vivienda asequible y estimular el mercado de vivienda en general.

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