Estamos en la antesala, según expresiones recientes del Centro Nueva Economía (“CNE”), de la próxima etapa en el desarrollo económico de Puerto Rico. Pasados 15 años de estancamiento económico, crisis fiscal y endeudamiento, quiebra gubernamental, los destrozos de Irma y María en el 2017, los terremotos del Dia de Reyes del 2020, y el daño infligido por la pandemia del COVID-19, Puerto Rico tiene la oportunidad generacional única, indica el CNE, de redirigir su economía.
Conscientes de los posibles efectos adversos de una recesión en los próximos 18 años con las resultantes alzas en intereses, costo de maquinarias, alimentos, combustible, entre otros, el CNE reconoce que “el crecimiento económico no ocurrirá por cuenta propia” y que es necesario tomar acciones afirmativas, concretas para aprovechar la coyuntura histórica. Concluye anticipando una convocatoria multi-sectorial para impulsar un proceso dirigido a activar el crecimiento necesario y desarrollo económico largo plazo del País.
Un tema medular en esa discusión debe ser el rol del aparato gubernamental en el manejo de las instituciones del sector público, en especial las corporaciones públicas; la reglamentación de la actividad económica privada, entiéndase para estos fines, el establecimiento de nuevos comercios e industrias, construcción de viviendas, hospedería y hoteles, explotación de recursos, entre otros. Aunque hay quienes intentan atribuirle a la Junta de Reforma Fiscal, con sus controles sobre los gastos del gobierno, cuyo manejo por todas las Administraciones pasadas, eventualmente llevaron al País a la quiebra, la responsabilidad por la baja calidad de los servicios y programas de gobierno sabemos, con notables y contadas excepciones, es otra.
El manejo histórico de nuestras costas, terrenos y activos gubernamentales, los procesos de otorgación de permisos, bajo un bizantino sistema de control gubernamental, y propuestas legislativas relacionadas son el mejor ejemplo de que, si bien el crecimiento económico no ocurre “por cuenta propia”, su estancamiento y deterioro tiene numerosos colaboradores.
La importancia del turismo como fuente de empleo y actividad económica en el Caribe es incuestionable. Puerto Rico compite con 24 países o jurisdicciones, desde Anguilla, Cuba, Jamaica, República Dominicana, St. Maarten, Trinidad Tobado e Islas Vírgenes, entre otras, que intentan acaparar una tajada del mercado para el que las playas de aguas cristalinas, arenas blancas y modernas hospederías son un atractivo imán. Raro es el mensaje publicitario que no resalte el mar, la playa y las hospederías nuevas, bordeando las arena o sobre ellas, cercanas o directamente sobre aguas cristalinas.
Revistas como Caribbean Journal transmiten el dinamismo y la vitalidad del sector. Vemos así que St. Thomas (USVI) contará con dos nuevos hoteles bajo la bandera Marriott. Uno ofrecerá 392 habitaciones, incluyendo 28 suites; la mayoría de las habitaciones ofrecerán vistas al mar; contará, además, con seis restaurantes, tres piscinas con vistas al mar y 72,000 p/c de espacio para eventos y reuniones. El hotel incluirá un muelle privado con acceso a las islas cercanas. El año pasado se anunció la construcción de un hotel de 200 habitaciones, $500M, bajo la bandera Marriott, en Rocky Point, Tobago, representando una inversión de $500M. El proyecto contará con 28 residencias dúplex, 11 villas de lujo y 12 townhouses unifamiliares. Una playa pública bordea la parte sur del proyecto. Se crearán 750 empleos en la fase de construcción, 200 en la fase operacional, con acuerdos de utilizar, según posible, productos agrícolas, mano de obra y materiales locales. Los acuerdos incluyen la creación de un programa agrícola dirigido a mejorar producción y servicios por agricultores locales. El proyecto está enmarcado en un plan de conservación ambiental aplicable a todas sus fases, desde construcción hasta operación. El plan incorpora la integración de diversas consideraciones ambientales tales como la belleza natural del entorno, incluyendo sus aguas circundantes; impacto sobre vegetación y vida marina. En Jamaica, su Ministro de Turismo, anunció que durante los próximos 5 años contarán con 8,500 nuevas habitaciones incluyendo el Princess Resort, con 2,000 habitaciones.
Al oeste, en la República Dominicana comenzaron las ventas en The Residences, St. Regis, Cap Cana. El proyecto incluye 47 residencias frente al mar, 15 bordeando el campo de golf. Recientemente, anunciaron la apertura de un nuevo resort de lujo, Ocean Club, en Sosúa, el primero de tres hoteles por desarrollarse en su costa. Un resort, tipo residencial, incluye 68 suites, y varios penthouses de 4 habitaciones. Cuenta también con dos piscinas, de dos niveles bordeando el mar.
Expandiendo su presencia en el Caribe, Marriot en unión a inversionistas del patio, entre éstos Playa Hotels & Resort, acaba de anunciar su primer hotel todo incluido, Santuario Cap Cana, dentro de su Colección de Lujo. Remodelado en el 2019, el resort de 325 habitaciones incluye 5 piscinas, restaurantes, entre éstos uno construido sobre columnas en el mar. En resumen, a mediados del año pasado se construían 119 proyectos hoteleros distribuidos en 10 provincias de la República, aportando 9,423 nuevas habitaciones. Bajo la égida del Ministerio de Turismo, se aprobaron, en promedio, 47 proyectos mensuales, 15 de éstos en diciembre, 2021.
Puerto Rico, contrario a la Republica Dominicana, cuenta desde la década de los ’70, con abarcadora legislación y reglamentación ambiental federal. Entre éstas el Clean Water Act, el Endangered Species Act y el Marine Fisheries Act. Éstas requieren la toma de diversas medidas cautelares para asegurar la calidad de física, química y biológica de aguas superficiales, incluyendo costeras; reducir impactos sobre recursos acuáticos y marinos, tales como humedales, arrecifes y especies coralinas; impedir daño a flora y fauna de especies amenazadas o en peligro de extinción y sus hábitats críticos. Acciones instadas en el pasado bajo estas leyes por la Agencia de Protección Ambiental (“EPA”, según sus siglas en inglés), no por agencias reguladoras locales, contra la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (“AAA”), los Municipios de Arecibo, San Juan y el propio Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (“DRNA’) resultaron en la eliminación de vertidos de aguas sanitarias crudas en la Laguna del Condado, las aguas del Atlántico bordeando los sectores Condado, Ocean Park y el Municipio de Arecibo, entre otros. Fue la EPA quien propulsó la creación de barreras contra la utilización de sistemas de agua pluvial para el traslado al mar de aguas sanitarias sin tratar. Esta última una práctica producto de acciones ilegales toleradas y, en ocasiones auspiciadas, por distintos gobiernos municipales, la AAA y, en el caso de la operación del sistema de bombeo de aguas pluviales de los sectores Santurce y Condado de San Juan, por el propio DRNA.
Reconociendo que la construcción de hoteles antes de la instauración en el año 2000 de legislación ambiental moderna Dominicana resultó en impactos ambientales adversos y que Irma y María provocaron cambios en playas con, al igual que en Puerto Rico, mayor erosión en algunos sectores y acrecentamiento en otros, pero valorando la importancia económica de sus costas, el Gobierno Dominicano ha desarrollado programas para la restauración y protección de playas y recursos coralinos afectados. Ubicada en un área geográfica similar para fines de calentamiento global, allí han optado por tomar medidas que mejoran la condición de recursos naturales y medio ambiente natural sin entorpecer el importante aporte económico al sector turístico y hotelero.
Sin embargo, sectores en Puerto Rico promueven medidas para congelar la utilización inteligente, sostenible de nuestras costas, según la medida más reciente, el P. del S. 43, prohibiendo por 5 años (5 años menos que los 10 inicialmente propuestos) construcción en nuestro sector de mayor importancia económica, al igual que en toda la región del Caribe: las costas.
Mientras el Gobierno dominicano allegó fondos y llevó a subasta un proyecto de $64.6M para la regeneración de 13 playas con problemas de erosión, contaminación por aguas residuales, destrucción de vegetación costera, restauración de dunas y eliminación de construcciones ilegales en franjas destinadas a uso público (60 mts en la RD), en Puerto Rico, según el Informe Positivo Conjunto del P. del S. 43 (“Informe Positivo”), se favorece una medida que severamente limita nuestro potencial de competencia exitosa por el mercado turístico caribeño.
El Informe Positivo comienza requiriendo una acción que el DRNA no pudo realizar cuando contaba con personal y fondos suficientes: un innecesario deslinde de toda la zona marítimo terrestre (ZMT). El deslinde servirá, según la medida, para clasificar toda la costa en uno de dos renglones: áreas impactadas y áreas sin impacto. La primera de estas abarca “toda aquella porción costera … [con] infraestructura dentro de la … [ZMT] y los 50 metros contados a partir de ésta, lo cual representa el espacio ocupado por la servidumbre de salvamento y la zona de separación”. Para éstas se “establecerá un Reglamento Especial de Permisos, donde sólo se permitirán obras de poca monta [concepto no definido] para fines de amortiguamiento, resiliencia y mantenimiento de la infraestructura ubicada en el área impactada”.
En el caso de las áreas sin impacto, entiéndase aquellas que “luego del deslinde, y delimitado los 50 metros a partir de este, no se identifique construcción ni infraestructura alguna, esto es, aquellas áreas sin desarrollarse aún… [habrá] una prohibición total, por espacio de cinco años para cualquier tipo de variación, es decir, estas áreas no podrán ser desarrolladas”. Se prohíbe toda concesión de permisos, ministeriales o discrecionales. Mientras tanto en República Dominicana, el 26 de mayo de 2022, se anunció el inicio de la construcción en la Provincia de Pedernales, ubicada en el suroeste del país en la frontera con Haití, del Puerto de Cruceros Cabo Rojo que estaría listo para diciembre del año próximo. El proyecto conlleva la construcción de la infraestructura hidrosanitaria necesaria para la dársena y para los hoteles contemplados para levantarse en el extremo suroeste de República Dominicana en un “sector de playas prácticamente vírgenes”. El presidente de la República, Luis Abinader afirmó que el proyecto Port Cabo Rojo convertirá a Pedernales en el “destino de cruceros mejor cotizado y valorado en todo el Caribe”.
Reconociendo que los corales ayudan a prevenir la erosión, disminuir la fuerza del oleaje, y suplen protección contra los efectos de las tormentas y huracanes, en la República Dominicana, la Fundación Grupo Puntacana, con la asesoría y respaldo de Reef Check, una entidad no gubernamental (“NGO”) internacional, responsable del programa oficial de monitoria de corales y arrecifes para la Naciones Unidas, ha establecido más de seis kilómetros de tejido trasplantado de arrecifes en el sector Punta Cana. Mientras tanto, en Puerto Rico, con lugares aptos para proyectos de restauración de corales y arrecifes ya identificados entre San Juan y Carolina, e inclusive fondos federales de, entre otros, NOAA, la agencia federal que financia el Programa de Zona Costanera del DRNA, la legislatura propone encaminar la agencia a malgastar valioso tiempo y esfuerzo en deslindar la ZMT en vez de promover medidas y esfuerzos, por ejemplo viveros para el desarrollo de coral, como parte de una política real de desarrollo sustentable y no la insensatez de la moratoria de construcción por cinco año a estas alturas todavía contemplada.
No debe sorprender que en los primeros cuatro meses del año la República Dominicana ya había recibido 2.2 millones de turistas y proyectan cerrar el año con más de 7 millones. En España y Europa, en general, la industria hotelera es uno de los propulsores económicos principales. En Puerto Rico, a diciembre 2021, el sector de “leisure and hospitality” empleaba 80,000 personas. Según cifras provistas por Aerostar Airport Holdings, el número de viajeros que arribó al Aeropuerto Muñoz Marín en el 2021, 4.84 millones de pasajeros, no tan sólo fue 2.6% más alto que el año récord de 2019, sino que el 62.3% de éstos eran visitantes, no residentes, por encima también del 59% en el 2019.
El informe reciente del World Economic Forum, Travel & Tourism Development Index 2021: Rebuilding for a Sustainable and Resilient Future (mayo 2022) indica que: “The T&T sector is a major driver of economic development, global connectivity and the livelihood of some of the populations and businesses most vulnerable to, and hardest hit by, the pandemic. Therefore, supporting T&T development and recovery – which in turn will help the global recovery, build resilience and support all of those who depend on the sector for work – will be critical”.
La propuesta moratoria en construcción costera, según redactada, ignora que contamos con legislación y reglamentación ambiental necesaria, federal al igual que estatal, para asegurar que nuevos proyectos dirigidos al sector de viajeros y turismo, local y externo, salvaguarden, no menoscaben, mitiguen y realcen, los atributos naturales que hacen de Puerto Rico un destino de calibre internacional. Tratar a Puerto Rico como un lugar carente o sin acceso al talento profesional que conoce la forma correcta de diseñar y construir, coloca la proliferación de proyectos informales y aquellos productos de favoritismo y auspicio, de cuestionable legalidad, en un mismo plano. Quienes la promueven o respaldan, denotan un marcado desinterés por nuestro desarrollo económico. Fortalecen la visión, superada en sociedades más avanzadas, que el desarrollo económico y la sustentabilidad no son metas encontradas.
Historiadores futuros examinarán este momento de excepcional importancia como uno de logros o de, nuevamente de oportunidades perdidas y daño, autoinfligido.
