Cuando ocurre un desastre natural, uno de los requerimientos del gobierno federal es que se designe un representante autorizado por el gobierno local (“GAR” por sus siglas en inglés). En desastres mayores, incluso se solicita la creación o establecimiento de una oficina gubernamental dedicada a trabajos enfocados en la reconstrucción.Con ese fin, el gobierno de Puerto Rico, luego del azote del huracán María, creó la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción Resiliencia, adscrita a la Autoridad para las Alianzas Público- Privadas. Desafortunadamente, del lado federal este no es el caso. Ese representante local queda a la merced de la burocracia, múltiples reglamentos y agencias federales que dificultan la coordinación toda vez que, al igual que ocurre con el gobierno local, en ocasiones la comunicación interagencial no es la ideal. De hecho, la Asociación de Constructores ha experimentado retos al sólo preguntar cuánto dinero se ha asignado para las ayudas federales de reconstrucción. Es el típico ejemplo de que la mano derecha no sabe lo que hace la izquierda. En Puerto Rico, la labor de múltiples agencias aparenta ser redundante.Por un lado, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos coordina trabajar con un proyecto de control de inundaciones en la misma área donde se realizan iniciativas para mitigar zonas susceptibles a inundaciones con fondos CDBG-DR. En fin, se exige un esfuerzo coordinado del lado estatal, sin embargo, por el lado federal hay que recorrer un laberinto desconocido para la inmensa mayoría de los locales. Como si esto fuera poco, recientemente la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (“GAO” por sus siglas en inglés) informó que los recursos que trajo a Puerto Rico la Agencia Federal de Manejo de Emergencias fueron inadecuados para la respuesta inicial. Incluso se indicó que el desastre de Puerto Rico es más grande que el resto de los desastres que FEMA tiene activos combinados en territorio estadounidense.Como resultado del informe, además, el gobierno federal ha requerido que FEMA optimice sus procesos de revisión ambiental y permisos para precisamente lograr que los proyectos comiencen lo antes posible. Resulta lamentable que los funcionarios a cargo de esto no entiendan a qué se refiere tal instrucción. Es increíble que la burocracia siga dilatando los procesos mientras nuestras familias no tienen más remedio que recurrir a reconstruir sin implantar las lecciones aprendidas de este desastre. A casi 15 meses del paso del huracán María, aún no se publica el informe de evaluación de comportamiento de edificaciones que, por reglamento federal, se supone hubiese publicado seis meses luego del desastre.Por todo lo anterior, hace perfecto sentido que se nombre un coordinador a nivel federal para la reconstrucción de Puerto Rico. Esta persona debe conciliar los esfuerzos de las agencias federales y optimizar procesos para lograr que los proyectos de reconstrucción finalmente comiencen. Es necesario una oficina que sirva, no como un obstáculo con procesos burocráticos adicionales, pero como recurso y punto de contacto único para optimizar el uso de los recursos federales asignados. Al final del día, será una contraparte al GAR local que logre un destranque en beneficio de nuestra infraestructura y los más vulnerables. Es hora de ejecutar y que comience la reconstrucción.Hay que eliminar barreras y optimizar procesos tal y como el gobierno federal ha instruido. Es importante que se entienda que la posición económica de nuestra sociedad nos tiene a merced que las ayudas federales lleguen. Esto no aguanta dilaciones adicionales. Hay que ejecutar y poner nuestras manos a la obra por el bien de nuestra sociedad.