8 de agosto de 2018 - Durante la tarde del pasado viernes, representantes de la industria de la construcción se reunieron con el Concilio Asesor del Gobernador en el sector de la construcción, para someterle sus recomendaciones en torno a la orden ejecutiva 2018-033 (OE 2018-033), que entre varias cosas incrementa el salario mínimo en la industria a $15 por hora cuando son trabajos para el sector público y sugiere la imposición de sindicalización en el sector, resultando de la misma una próxima carta circular que deberá aclarar con detalles muchas dudas surgidas en torno a la terminología utilizada.Ricardo Álvarez, miembro del Consejo Asesor, explicó a EL VOCERO que la carta circular, inicialmente lo que pretende aclarar son términos de manera que todos estén en la misma sintonía. Mencionó como ejemplo términos como fondos públicos y empleados de la construcción, entre otros. No obstante, entiende que el alza salarial no parece ser un punto negociable. “Se trató de una reunión muy positiva, pero no quedó nada finalizado. El gobernador está muy receptivo, pero el sector, que no se limita solo a los constructores, sino que tiene implicaciones en muchos otros sectores, no parece estar satisfecho, ya que nunca fueron convocados para conocer las implicaciones que esta orden genera para el sector”.Reacciona sector de la construcciónStephen Spears, presidente de la Asociación de Contratistas Generales (ACG), explicó que, durante la reunión presentó un documento donde sugiere, entre otras cosas, un alza inmediata del salario mínimo para todos los trabajadores en la Isla a $8.25 la hora y para los obreros diestros de construcción a $11.25. “Los aumentos deberían responder a razones orgánicas de oferta y demanda y no a intervenciones del gobierno”.Spears, al igual que el presidente de la Asociación de Constructores de Puerto Rico (ACPR), Emilio Colón Zavala fueron enfáticos en su oposición a la introducción de los Acuerdos Laborales Mandatorios (PLAs por sus siglas en inglés) en los contratos de obra, exigiendo que todo subcontratista así también los incorpore en sus subcontratos. “Más aún, tales contratos serían preparados y negociados por cada entidad gubernamental. Esto tiene la consecuencia, aunque no sea requerido explícitamente, de sindicalizar los empleados de la construcción, además de requisitos de talleres cerrados, toda vez que no es práctico firmar estos acuerdos y hacerlos cumplir sin la intervención de una unión, lo que representa un elemento sin precedentes en la contratación gubernamental en Puerto Rico”, afirmó Colón Zavala.El presidente de la ACPR entiende que este aumento tendrá un efecto de incremento en costos de mano de obra en todo el sector privado, incluyendo otras industrias tales como: restaurantes, manufactura y ventas al detal, quienes recibirán presión para alzar sus salarios, debido a la disponibilidad de trabajos para empleados no diestros en la construcción a un salario mucho más alto.

“El libre mercado ya estaba en proceso de ajustar los salarios dado las ofertas de trabajos con dinero federal, pero era diferente para cada proyecto, escalonado y manejable, contrario a un aumento forzado, alto e inmediato que descarrila proyectos del sector privado. En fin, causará escasez en empleados de otras industrias, a los empleados abandonar trabajos con mayor permanencia por uno temporero , pero que le pague el doble. Esto lo hemos visto con contrataciones por FEMA luego de los huracanes. En un ambiente de escasez laboral, el efecto inmediato será el aumento en costos a proyectos privados también”, afirmó Colón Zavala, en momentos en que reconoce que los salarios en la industria oscilan desde los $7.25 hasta los $15, acorde con la antigüedad y destrezas.Sostuvo, además, que, esta alza salarial representa aumentos en costos directos de construcción que excederían el 25% de un proyecto. “Por ejemplo, un hospital cuya construcción costaría $90 millones sufriría un aumento de aproximadamente $22 millones adicionales, sin incluir costos de financiamiento, seguros y otros costos atados a los de construcción. Esto descarrila billones de dólares en proyectos privados que están a punto de comenzar su desarrollo incluyendo hoteles, hospitales, centros de distribución, tiendas y otros, luego de años de trabajo y esfuerzo”.Entre los cambios sugeridos por el sector figuran: que los empleados cubiertos por la orden se limite aquellos obreros de construcción que lleven a cabo tareas diestras de construcción. Esto comprende albañiles, varilleros, carpinteros, electricistas, soldadores y plomeros; atar el término “obrero diestro” a aquellos que obtengan entrenamientos (y certificados) en las destrezas arriba mencionadas; el salario mínimo propuesto de $15.00 la hora deberá incluir aquellos beneficios marginales mandatorios y voluntarios que el patrono pague a nombre del empleado; y modificar la definición de subcontratista cubierto, para que incluya exclusivamente aquellos subcontratistas que lleven a cabo actividades de construcción de la obra que se trabaja.

A ello suman que, cualquier aumento en el salario mínimo deberá ser implantando de forma escalonada en un término de tres años, y que los mismos se apliquen a los obreros que laboren en proyectos que reciban asignaciones (grants) procedentes del programa de Ley Federal Stafford recientemente aprobados para la reconstrucción de los daños causados por el huracán María, y la eliminación de toda referencia a que sea obligatorio que las compañías que lleven a cabo obras cobijadas por la orden ejecutiva tengan que entrar en acuerdos laborales contemplados en la misma.Medidas para mitigar el impacto en la industriaAnte un marcado aumento de aproximadamente 20% en los costos de construcción, sin incluir los efectos de las tarifas a la importación impuestas por el gobierno federal y los aumentos de un 35% que los costos de construcción por esta orden ejecutiva podría alcanzar, la ACPR propone que para mitigar dicho impacto se reduzca a 5% la tasa preferencial del IVU para los proyectos de construcción, eliminar el B2B, reducir 50% de los cargos de radicación de permisos, y eliminar el impuesto sobre la propiedad mueble al inventario de materiales.