La devastación que provocó el paso de los huracanes Irma y María por Puerto Rico, en septiembre de 2017, evidenció que en nuestra isla más de la mitad del inventario de vivienda se ha construido de manera informal, sin profesionales de diseño.
Este dato deriva de un estudio realizado por FEMA, en el que también se demostró que el 98% de las residencias inspeccionadas por la agencia, y que sufrieron poco o ningún daño, sí cumplían con los códigos de construcción vigentes a ese momento. Por ende, la mayoría del daño ocurrió en estructuras informales.
En consecuencia, en 2018 el gobierno adoptó la nueva versión de los códigos de construcción del Consejo Internacional de Códigos (ICC, en inglés) con la idea de impulsar una construcción formal y salvaguardar la vida humana.
Asimismo, el terremoto y la secuela de sismos que hemos presenciado desde enero de este año, y por los últimos meses, refrenda la fragilidad de muchas de nuestras construcciones.
Tomar consciencia de esa realidad es importante, máxime en estos momentos cuando empieza a tomar vuelo el programa de Reparación, Reconstrucción y Reubicación (R-3) que, bajo la supervisión del Departamento de la Vivienda, se realiza en el país con fondos del programa CDBG-DR.
Sobre este asunto, es pertinente subrayar que toda construcción o reparación de vivienda que se realiza bajo este programa tiene que cumplir con los códigos de construcción aprobados y puestos en vigor en 2018. Esto quiere decir que los contratistas encargados de realizar los proyectos tienen que obtener todos los permisos requeridos por el Estado, contratar profesionales licenciados, obtener los endosos de las agencias concernientes y ser responsables con el pago de arbitrios municipales.
Al cumplir con todos estos requisitos, los contratistas tienen que incurrir en una serie de gastos que, en algunos casos, pudiera totalizar un 35% del costo total del proyecto. Estos son costos que, tradicionalmente, nunca se toman en consideración cuando las cosas se hacen de manera informal.
A esta inversión hay que sumarle el aumento en los costos de materiales de construcción que hemos experimentado en el país durante los últimos años, provocado, en primer lugar, por los huracanes de 2017, luego por la actividad sísmica de enero de 2020 y ahora por esta pandemia de nivel mundial.
Tener en cuenta todos estos elementos es importante al momento de evaluar cuál es la inversión que realiza el gobierno, a través de fondos federales que son estrictamente fiscalizados, en cada una de las viviendas que han cualificado para ser beneficiarias del programa R-3.
¿Por qué es importante tener claro este contexto? En las últimas semanas hemos escuchado que existe alguna preocupación en relación a los costos asociados a la construcción y a la reparación de estructuras que se realizan con los fondos federales que administra Vivienda.
Tras esa preocupación, se ha creado la falsa idea de que los encargados de manejar los fondos CDBG-DR, así como algunos contratistas, se lucran desproporcionadamente de este programa. Se ha dicho, además, que los gastos operacionales han drenado los fondos disponibles para remediar los daños causados por los huracanes del año 2017.
Las dudas que se presentan no precisan toda la información y eso crea una falsa percepción de que ha habido un aumento desproporcionado en los costos de construcción y reconstrucción de las residencias beneficiadas del programa R-3. Se quiere dar la impresión de que alguien le está dando mal uso a los fondos federales.
Vale la pena señalar que, al momento de evaluar la inversión que se hace en la reconstrucción o construcción de cada vivienda, se tienen que considerar varios elementos, entre ellos el costo de los materiales, los gastos asociados a los permisos que exige el Estado, la contratación de profesionales certificados que son los encargados de realizar los proyectos y el pago de arbitrios municipales. Además, se tiene que considerar si la reparación de ese hogar tiene costos añadidos como consecuencia de la remoción de plomo, asbesto o cualquier otro material contaminante que esté presente porque, como requerimiento federal, el contratista está obligado a entregar una residencia que no solo sea digna, sino además segura.
Construir, reparar y reconstruir una propiedad, siguiendo las exigencias de la ley, no solo contribuye a salvaguardar la integridad física de los titulares de una propiedad, sino que permite, además, edificar de forma resiliente y sustentable una vivienda, al mismo tiempo que aporta valor a nuestra economía.
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