La Asociación de Constructores de Puerto Rico (ACPR) rechaza las acciones del Comité de Reclamaciones Especiales de la Junta de Supervisión Fiscal al radicar sobre 200 demandas a corporaciones e individuos en cobro de dinero con el propósito de recobrar pagos realizados por el gobierno.“La Junta debe haber hecho un mejor trabajo en ser certeros, discernir responsabilidades, y no incurrir en una pesca de cobros detrás de organizaciones además de corporaciones que le han prestado un servicio al gobierno”, indicó el Ing. Emilio Colón Zavala, presidente de la ACPR.El Comité de Reclamaciones Especiales estableció una acción de cobro a estas corporaciones e individuos que según alegan recibieron pagos de sobre 2.5 millones, sin un contrato vigente o recibieron pagos que no correspondían a sus respectivos contratos durante un periodo de cuatro años previos a mayo de 2017. “Hay que reconocer que no es solo lo que están haciendo, sino la forma y manera de cómo lo están haciendo. Si de naturaleza resulta oneroso para un suplidor contratar con el aparato gubernamental, las acciones de la Junta incrementan el clima de incertidumbre en las relaciones contractuales entre estos empresarios y el gobierno. Puerto Rico no necesita inyección adicional de incertidumbre alguna en estos tiempos. Por otra parte, preocupa que te asignen responsabilidades sobre la fuente de procedencia de pago cuando le corresponde al gobierno identificar dicha procedencia en cada contrato”, añadió Colón Zavala.Exhortamos a la Junta de Supervisión Fiscal a que se trabaje en definir servicios esenciales según la Ley PROMESA requiere, se realicen las reformas estructurales necesarias y contribuya a un clima de desarrollo económico sostenido, colaborando estrechamente con el Gobierno de Puerto Rico en los esfuerzos que este realice. Es hora de lograr colocar a Puerto Rico entre las primeras diez jurisdicciones en cuanto a competitividad global y facilidad de hacer negocios si queremos cambiar nuestro destino.