La Asociación de Constructores de Puerto Rico (ACPR) instó al Senado de Puerto a desistir de todo proceso para dar paso y desistir de continuar el trámite del PS 1538, con o sin enmiendas. De igual forma, exhortó a la Gobernadora de Puerto Rico a vetar el PC 2428 que propone establecer la imposición de una licencia laboral adicional, en momentos en los que las empresas no pueden absorber tal impacto.

La ACPR denunció que la obligación impuesta a los patronos privados, de pagar salarios durante la emergencia, sin haberse trabajado, incluida en ambos proyectos de ley, es una medida irrazonable e injusta contra las empresas locales que luchan por sobrellevar esta crisis y mantener la actividad económica que genera empleos y da sustento a miles de familias. Dichas medidas son dañinas e innecesarias, no establecen excepciones para las pequeñas y medianas empresas y no toman en cuenta las medidas tomadas por el Congreso de Estados Unidos, que incluye beneficios y mecanismos que hacen innecesarias e inaplicables las medidas locales que pretenden tomarse.“Hemos recibido información que apunta a la intención de reconsiderar el PS 1538 en el Senado y hemos escuchado a uno de sus autores expresar que trabajarán para enmendarla. Nuestra Asociación hace un llamado al Senado de Puerto Rico a no insistir en la aprobación de un proyecto lesivo para el sector privado y que atenta contra la capacidad de las empresas para preservar empleos y reanudar operaciones, una vez se controle la crisis. Por su parte, la Cámara debe mantenerse firme en el rechazo a la medida”, expresó el presidente de la ACPR, Alfredo Martínez-Álvarez, Jr.

“De igual forma, exhortamos a la Gobernadora de Puerto Rico a impartir un veto al PC 2428, que pretende imponer una carga y trabas irrazonables a las empresas del sector privado, en una coyuntura en la que el gobierno federal ya ha legislado y establecido un marco uniforme y sensato para compensar a los trabajadores, lo que hace innecesaria esta legislación local”, añadió el líder de los constructores.

La Asociación, además, urgió a la Asamblea Legislativa y a la Gobernadora a identificar fondos de emergencia y de otras fuentes del gobierno para ayudar a personas y empresas a lograr la estabilidad, seguridad y certeza durante la emergencia.