Reflexionar sobre la Asociación de Constructores con motivo de su septuagésimo aniversario conlleva una deliberación forzosa sobre el Puerto Rico de sus comienzos, el de ayer y el de hoy. En el 1951, “trece constructores de la localidad”, en palabras de Jorge Ramírez de Arellano, en su mensaje como presidente de la Asociación en el 1967, fundaron la Asociación. Francisco Fullana, uno de esos trece constructores, timoneó la Asociación durante sus primeros 7 años, regresando a la presidencia en el 1962-63.
Según el Censo de 1950, Puerto Rico contaba con 2,210,703 habitantes en un área de 3,420 millas para una densidad poblacional de 645 personas por milla cuadrada. Una economía de corte agrario, pero con población típica de país industrializado produjo arrabales donde vivía el 50% del capital humano urbano. Eran lugares de altas densidades (lotes pequeños), sin ordenación de calles y aceras, carentes de espacios abiertos, en terrenos escarpados o de nivel freático elevado, sin instalaciones sanitarias. En la zona rural el 70% de las viviendas necesitaban reparaciones mayores o total reemplazo; 45% de las casas urbanas carecían de agua potable dentro de la vivienda y 38% no tenía servicio eléctrico.
La vivienda típica en los campos consistía en tres cuartos, una sala pequeña, que también hacía las veces de comedor, un dormitorio y una cocina. El hacinamiento era común. La mayoría de las casas tenían pisos y paredes de madera. El bohío, más que la imagen romantizada de hoy, era el triste albergue de miles. Eran viviendas que no protegían contra la lluvia, mucho menos contra los huracanes. El hogar de cerca del 70% de los residentes de la ruralía era un espacio de 15’ x 15’ o menos. El Fanguito, arrabal que se extendía desde la Pda 20 (Calle Hipódromo) hasta la península de Cantera, en las riberas y cauce del Caño Martín Peña, era uno de los lugares de mayor pobreza en el hemisferio occidental. Descrito como símbolo de desolación humana y miseria, era el más extenso de los arrabales de San Juan. Allí, entre desperdicios sanitarios, plagas e insectos, 75,000 a 100,000 personas, casi una tercera parte de la población de la Ciudad Capital, tenía su hogar.
Además de su enfoque en la industrialización, Operación Manos a la Obra vino acompañada de un empuje por eliminar arrabales y proveer vivienda adecuada. Décadas de esfuerzos primordialmente gubernamentales bajo el Nuevo Trato de FDR y la Administración de Ayuda de Emergencia de Puerto Rico (“PRERA”, según sus siglas en inglés) no habían sido exitosos. La aprobación del Housing Act of 1949, al concluir la Segunda Guerra Mundial, dio acceso a significativos recursos financieros federales para reducir el costo de la vivienda, establecer normas de calidad para la construcción e insertar al gobierno federal, por primera vez, en esfuerzos encaminados a la eliminación de arrabales y reconstrucción de áreas deteriorados, enfatizando nueva construcción y mejoras en la vivienda existente. Terrenos sin desarrollar, instalaciones para el manejo de agua potable y sanitaria, y facilidades comunales eran elegibles para asistencia federal.
En el 1952, la Asociación presentó para la consideración de FHA, la Autoridad sobre Hogares y la Administración de Vivienda Pública, los planos y dibujos para viviendas de bajo costo. El Gobernador Muñoz Marín entendía que los puertorriqueños merecían tener una vivienda propia, adecuada y digna.
El gobierno promovió la construcción de vivienda pública, a arrendarse por cánones comenzando en $4 por mes para, de forma paralela a Operación Manos a la Obra, mover la ciudadanía de chozas y casuchas, símbolos de pobreza, a vivienda pública y, eventualmente, al hogar propio, digno y seguro.
En el 1956 se anunció la construcción de 5,000 unidades de vivienda pública y la demolición de 100,000 estructuras en arrabales. Seis mil familias dejarían el arrabal por vivienda pública. A fin de año, San Juan contaría con 7,334 unidades de bajo alquiler comparado con 750 en el 1948. El primer proyecto a completarse sería Nemesio Canales con 1,150 unidades de bajo alquiler. La meta era eliminar todos los arrabales en 20 años. Ya Puerto Rico contaba con 19,500 unidades de vivienda pública.
Se anticipaba, para el 1962, iniciar la construcción de 18,000 unidades adicionales. Concurrentemente proyectos privados ofrecían viviendas entre $6,000 y $7,000 con pronto pagos de $300.00.
Siendo Franklin Delano López, presidente de la Asociación, el Gobernador Rafael Hernández Colón, dirigiéndose a la Asamblea Anual de 1987, reconoció que “el mercado de la vivienda para las familias de ingresos medios y altos había sido brillantemente atendido, … [pero] ese progreso en vivienda no había beneficiado aún a las familias de ingresos moderados y bajos”.
Para Hernández Colón, ese sueño de justicia sería posible solo a través del esfuerzo conjunto de los sectores público y privado; únicamente mediante la interacción dinámica y la colaboración. El Gobernador describió el sector de la construcción como el de “mayor vigor de nuestra economía siendo el … [1987] el de mayor auge en la década”. Ese año fiscal, indicó el Gobernador, el valor total de la inversión en el sector de la construcción ascendió a la histórica cifra $1,636 millones, 35% más que el año anterior, venta de 28.3 millones de sacos de cemento, 25% más que el año anterior, y la mayor venta desde 1980.
Los permisos de construcción para el año fiscal 1987, superaron en número y valor a los del año precedente en un 15% y un 36%, respectivamente. En empleos directos, el sector de la construcción alcanzó la cifra de 45,000 personas en junio, generándose 11,000 empleos desde enero de 1985, el nivel más alto en los últimos 6 años. La vivienda edificada por la empresa privada tuvo un valor de $388 millones en 1987, un aumento de 26% sobre el año anterior mientras que el valor de la vivienda pública creció en un 33%.
Viendo ya los escollos del sistema de permisos y reglamentación vigente el Gobernador abogó por la simplificación y descentralización de los procesos de construcción y anunció la aprobación de una de las medidas, recomendada por la Asociación, el Centro de Gestión Única (One-Stop-One-Shop), ubicado en la Junta de Planificación, y próxima a comenzar funciones. Creó también una Comisión Para la Desreglamentación de la Industria de la Construcción, cuyo informe se le entregaría en agosto, todo ello reflejo del “espíritu de coparticipación entre el sector público y el privado … [para] simplificar los requerimientos pertinentes a la industria de la construcción.”
La tarea no resultó fácil. Del boom de Manos a la Obra, Puerto Rico pasó a la recesión de 2007-09 en los EEUU de la cual hasta ahora no hemos recuperado. Entre las causales reconocidas está la pérdida de competitividad de nuestra economía y, como parte de ésta, los elevados costos de hacer negocios, incluyendo las dificultades en obtener permisos para el desarrollo de terrenos, el inicio de actividades comerciales o industriales y la construcción de edificaciones, incluyendo, por supuesto, viviendas.
De la visión dinámica, proactiva de atender necesidades apremiantes como asegurar un entorno físico, incluyendo vivienda, digna y segura, producto de colaboraciones sectoriales, se pasó a promover medidas o acciones no de crecimiento, sino de estancamiento reflejando hostilidad del sector público al sector privado, populistas, de cuestionable justificación científica, y confiscatorias de propiedad privada como los Planes de Uso de Terrenos y del Carso y la invalidación de los permisos de Paseo Portuario, revocado por nuestro Tribunal Supremo en San Gerónimo Caribe Project, Inc. v. E.L.A, 174 D.P.R. 518 (2008). Para entorpecer proyectos costeros se fomentó la utilización arbitraria del deslinde de la zona marítimo terrestre, invalidado en Blas Buono v. Vélez Arocho, 177 D.P.R. 415 (2009).
Legislación crítica, como la Ley Núm. 161 de 2009 para la Reforma del Proceso de Permisos, promulgada por el Gobernador Luis G. Fortuño, para atender lo que era un claro y reconocido descalabro en el proceso de permisos, 11 enmiendas luego, sigue aun sin resolver el problema. La evidentemente necesaria simplificación dio paso a un enmarañado, e ininteligible proceso, madre de pseudo disciplinas como la permisología, basada en la formalización del uso de intermediarios para acceder servicios y garantías públicas, y el resultante fortalecimiento de la falta de transparencia que por años ha definido la gestión pública.
El Huracán María, sabemos, arrancó la venda que por décadas ocultó el equivalente contemporáneo a los bohíos y chozas de los arrabales de los 1940-50s, viviendas tan inadecuadas hoy, en proteger contra los elementos y en especial de huracanes, a niños y ancianos, como eran aquellas. Estudios establecen que, por lo menos, 250,000 viviendas sufrieron daño significativo y 35,000 fueron totalmente destruidas por María. La mayoría de las viviendas inutilizadas eran, a la usanza de los ’50, estructuras informales, ubicadas en terrenos sin evidencia de titularidad, inundables o escarpados, sin permisos de construcción, sin materiales y técnicas propias a usos y ubicación. Hoy contamos con los Códigos de Construcción, las técnicas y los materiales capaces de dar la resiliencia, según el argot de los tiempos, que nuestra condición de isla Caribeña y la incertidumbre futura del cambio climático imponen.
Transitamos, de nuevo, por tiempos donde contamos con las ayudas federales, incluyendo posibles asignaciones multimillonarias adicionales de la Administración Biden para infraestructura. Presente también está la renovada conciencia de la importancia que reviste Puerto Rico para mostrar al mundo y, en especial a América Latina, la mejor cara del capitalismo socialmente responsable.
Como entidad, comprometida desde sus inicios con la construcción responsable, con el hogar digno y seguro, con la utilización adecuada de asignaciones federales, la Asociación seguirá abogando por la colaboración entre sectores público y privado. Seguirá también respaldando medidas que promuevan la reducción en el aparato gubernamental y la profesionalización de sus integrantes, la transparencia y agilización de las interacciones entre la ciudadanía y las estructuras de gobierno y el estado de derecho como los cimientos de nuestra filosofía institucional. Esa espero sea la meta amplia durante los próximos 70 años, en dirección al centenario, por nuestros hijos, por las generaciones venideras, por Puerto Rico.
