Diversos sectores discuten la necesidad de repoblar los centros urbanos, revitalizar los cascos urbanos y promover la construcción vertical, como formas de reordenar los espacios y mejorar los entornos y las comunidades. No obstante, son muchos los escenarios donde la política pública y las acciones del Estado no necesariamente promueven la consecución ordenada de tales aspiraciones.

La actual Ley de Condominios de Puerto Rico ejemplifica la obsolescencia de nuestro estado de derecho, como fuente de promoción de desarrollo económico. La ley vigente, que data del 1958, fue objeto de enmiendas sustanciales en el 2003, pero desde entonces no ha sido sometida al análisis crítico de quienes viven y aplican el estatuto en su devenir empresarial, en su quehacer residencial y en su marco profesional. Lejos del análisis académico, distante de la realidad que viven las familias y las personas que experimentan problemas diarios que deben resolver con las herramientas limitadas y onerosas que ofrece la ley actual, hay un enorme espacio de cambio que resulta más que necesario, pues ya es urgente e ineludible.

La necesidad de conformar la Ley de Condominios a los parámetros de la reglamentación federal sobre reservas y márgenes de morosidad, la aspiración de eliminar el anticuado requisito de la unanimidad en los procesos decisionales, y la lógica de reformular el sistema de activación de pago de cuotas y traspaso de administración son solo instancias que llaman al cambio inmediato. Ante ello, múltiples sectores empresariales, profesionales y ciudadanos han hecho causa común para peticionar un cambio completo en dicha ley, adoptando un estatuto que se ajuste a los retos y aspiraciones de la era moderna que Puerto Rico desea emprender de la mano del proceso de reconstrucción socioeconómica a la que aspiramos después del impacto del huracán María.

Nuestra Asamblea Legislativa y el gobernador Ricardo Rosselló Nevares tienen ante sí una gran oportunidad de tomar pasos afirmativos para forjar una nueva Ley de Condominios que sea responsiva a los tiempos que encaramos y las responsabilidades que debemos asumir para echar al país hacia adelante. No perdamos esa gran oportunidad.

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