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Durante años, el tema de permisos en Puerto Rico ha sido una conversación recurrente en mesas de trabajo, foros económicos, convenciones de construcción y reuniones gubernamentales. Desarrolladores, ingenieros, arquitectos, comerciantes, inversionistas y ciudadanos han compartido una misma frustración: un sistema complejo, lento, fragmentado y muchas veces impredecible.
La situación no es nueva. De hecho, lleva más de una década acumulando presión.
Permisos que toman meses o años. Procesos distintos dependiendo de la agencia o municipio. Requisitos inconsistentes. Reglamentos sujetos a interpretaciones diferentes. Proyectos detenidos. Inversiones pospuestas. Costos que continúan aumentando.
Para la industria de la construcción, el problema trasciende la burocracia. Se ha convertido en un asunto de competitividad económica, acceso a vivienda, desarrollo urbano y capacidad de ejecución.
Por eso, la nueva propuesta de reforma de permisos impulsada por la administración de la gobernadora Jenniffer González ha generado tanta atención.
Más que una simple modificación administrativa, la medida propone una reorganización profunda del sistema de planificación y permisos de Puerto Rico. Un cambio que, de aprobarse, podría transformar la manera en que el país regula, evalúa y ejecuta proyectos de desarrollo.
La discusión pública alrededor de la reforma frecuentemente se resume en una sola palabra: agilidad.
Sin embargo, para muchos expertos de la industria, el problema histórico del sistema de permisos nunca ha sido únicamente la lentitud. El verdadero problema ha sido la incertidumbre.
Así lo plantea el ingeniero Emilio Colón-Zavala, presidente y principal oficial ejecutivo de ECZ Group y expresidente de la Junta de Directores de la Asociación de Constructores de Puerto Rico.
“El código de permisos que hemos tenido hasta el momento lo que hace es sembrar incertidumbre en todos los sectores interesados”, expresó Colón-Zavala.
Esa incertidumbre, explica, impacta prácticamente todos los componentes del desarrollo económico.
Cuando las reglas cambian constantemente, cuando distintas agencias interpretan requisitos de maneras diferentes o cuando los tiempos de aprobación son impredecibles, la inversión se vuelve más riesgosa. “El sistema necesita ser ágil, confiable, predecible, uniforme, consistente y justo”, sostuvo.
Precisamente, esa palabra, certeza, parece convertirse en el eje principal de la reforma.
Un sistema que llegó a un “breaking point”
Según la presentación del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), el llamado Task Force de Permisos identificó cuatro grandes problemas estructurales dentro del sistema actual:
La presentación también incluye ejemplos concretos que ilustran el nivel de frustración que existe actualmente:
Para Colón-Zavala, el país llegó a un punto límite. “Creo que, como sociedad e industria, llegamos a un breaking point”, indicó.
Y el problema, añade, no afecta únicamente al sector privado.
“No nos olvidemos que estos problemas trastocan al sector privado, que es el más visible sobre este tema, pero también trastocan al sector público y sus esfuerzos de desarrollo”.
Uno los aspectos más interesantes de la propuesta es que no se limita a reorganizar oficinas o modificar formularios; plantea un reenfoque filosófico completo del sistema, entre ellos:
También se establecen términos máximos de adjudicación:
Además, la propuesta crea nuevas estructuras de fiscalización, auditoría y revisión administrativa.
Uno de los argumentos principales detrás de la reforma es su posible impacto sobre el costo de hacer negocios y desarrollar proyectos en Puerto Rico. La presentación del DDEC sostiene que los permisos pueden representar entre un 10% y un 30% del costo de desarrollo de un proyecto, afectando particularmente la vivienda asequible.
Aun así, Colón-Zavala insiste en que la reforma no debe verse como una solución instantánea. “Esto no es una varita mágica que resolverá todo de una”, expresó. “Es una herramienta que forma parte de un conjunto de herramientas que se usarán para lograr resultados diferentes”, sostuvo.
Uno de los debates más frecuentes alrededor de la reforma ha sido el balance entre agilizar permisos y proteger el medio ambiente. Sin embargo, Colón-Zavala rechaza la idea de que ambos conceptos necesariamente estén en conflicto. “Esto es un tema de inversión y de conservación del medio ambiente”, afirmó.
La propuesta del DDEC también intenta proyectar ese balance. El documento establece que:
A la misma vez, la reforma propone simplificar algunos procesos ambientales mediante exclusiones categóricas y validaciones técnicas realizadas por profesionales cualificados.
Para Colón-Zavala, una regulación más clara y uniforme podría incluso fortalecer la fiscalización. “Uno de los pilares fundamentales de este proyecto es precisamente la fiscalización y la regulación, pero de manera más clara, consistente, uniforme y transparente”, indicó.
Aunque gran parte de la conversación gira alrededor de desarrolladores y grandes proyectos, el impacto potencial de la reforma podría extenderse mucho más allá. “Todo el mundo gana de una manera u otra”, expresó Colón-Zavala.
Desde una persona que desea remodelar su hogar hasta pequeños comerciantes o inversionistas, la expectativa es que procesos más ágiles y claros reduzcan parte del agobio histórico asociado al sistema. La propuesta incluso incluye herramientas dirigidas a pequeñas y medianas empresas, como permisos automáticos para ciertas operaciones de bajo riesgo.
Más allá de sus méritos o posibles áreas de mejora, la reforma de permisos parece representar algo más profundo: un reconocimiento colectivo de que el modelo actual ya no responde a las necesidades del Puerto Rico contemporáneo.
Durante años, el país ha intentado impulsar reconstrucción, vivienda, infraestructura, inversión y crecimiento económico mientras opera bajo un sistema ampliamente criticado por su complejidad.
La pregunta ahora no es si la reforma funcionará exactamente como fue concebida. La verdadera pregunta es si Puerto Rico finalmente está listo para replantear cómo planifica, regula y construye.
“Lo único que no cambia es que todo cambia”, reflexionó Colón-Zavala.
Y precisamente ahí parece encontrarse el país hoy: en medio de un proceso de cambio que busca redefinir la relación entre desarrollo económico, fiscalización, inversión y planificación para las próximas décadas.
